plenario de as. constitucionales 1-3 | Sturzenegger

Sturzenegger 1/3: Pacto de Mayo — propiedad privada, superávit bajando gasto y reforma de expropiaciones y tierras.

Contexto del Proyecto y Principios Fundamentales

Este proyecto forma parte del Pacto de Mayo firmado por el Presidente Milei y 18 gobernadores, con el primer punto centrado en el respeto a la propiedad privada.
Se trabajó a través del Consejo de Mayo, integrado por representantes del Senado, Diputados, gobernadores, la UIA y la CGT, y está disponible desde diciembre en la página oficial para consulta pública.
Los dos ejes centrales del gobierno son el equilibrio fiscal mediante reducción del gasto sin aumento de impuestos y la libertad económica, ambos pilares que protegen los derechos de propiedad.
Se destaca que Argentina ha escalado posiciones en índices de libertad económica de la Heritage Foundation en los últimos dos años.
Se lee el artículo 17 de la Constitución Nacional para enfatizar que la propiedad es inviolable, las expropiaciones deben ser por ley con indemnización previa y se prohíbe la confiscación.

Se establecen requisitos para que las expropiaciones sean no discriminatorias, específicas y fundadas, alineadas con tratados bilaterales de inversión.
La compensación debe realizarse al valor de mercado, incluyendo lucro cesante, con definición clara del momento de valuación para evitar manipulaciones estatales.
Se exige transferencia de dominio solo tras pago íntegro de la indemnización y se clarifica el proceso judicial en caso de desacuerdo sobre tasaciones.
Se incorpora el concepto de expropiación indirecta cuando regulaciones estatales impiden el uso efectivo de la propiedad sin expropiación formal.
La expropiación anormal queda limitada al Poder Ejecutivo con un plazo máximo de 60 días e incluye derecho a indemnización.

La acción de desalojo por ocupación de inmuebles se convierte en juicio sumarísimo para agilizar los tiempos procesales.
Se incluye la falta de pago como causal para iniciar el proceso y se permite notificación al domicilio electrónico.
Se resuelven casos de notificación cuando falta la chapa indicadora del inmueble y se habilita caución juratoria en invocaciones de falta de pago.
Se adecúa el artículo 1222 del Código Civil y Comercial para alinearlo con estas modificaciones procesales.

Tras 10 años, la ley solo resolvió el 0,08% de los casos, proyectando 12.500 años para completar el proceso si continúa sin cambios.
La declaración de utilidad pública bloqueó soluciones locales al centralizar todo en el gobierno nacional, impidiendo usucapión o intervenciones municipales y provinciales.
Se elimina la utilidad pública para permitir que municipios y provincias actúen directamente en ocupaciones irregulares.
El gobierno nacional colaborará cuando corresponda, pero la resolución debe surgir desde los niveles territoriales más cercanos al problema.

La ley actual se considera inconstitucional por restringir derechos de extranjeros garantizados en los artículos 20 y 25 de la Constitución.
Se distingue entre propiedad privada y estatal: se elimina la restricción para inversores privados productivos, manteniendo autorización previa solo cuando hay participación estatal.
Esta distinción refuerza la seguridad nacional mientras abre oportunidades de inversión en agricultura, forestación y puertos.
Ejemplos incluyen proyectos forestales en Corrientes por 10.000 millones de dólares y el puerto de Barranqueras que reduciría costos logísticos en el norte argentino.

Se restaura el espíritu original limitando la prohibición de cambio de uso solo a bosques nativos afectados por incendios.
Se elimina la extensión de la restricción de 30 años a zonas agropecuarias, permitiendo modificaciones productivas tras incendios en tierras de cultivo o ganadería.
La medida busca evitar perjuicios innecesarios a productores que enfrentan catástrofes naturales sin afectar la protección de bosques nativos.

Se incorpora el uso de tecnologías de información y comunicación para digitalizar procesos internos y atención al ciudadano.
Se unifican plazos, se fortalece el principio de especialidad y se crea una red federal digital de inhibiciones para intercambio ágil entre jurisdicciones.
Las reformas priorizan eficiencia, transparencia y acceso confiable a la información registral en todo el país.