Filosofía del Gobierno hacia el Sector Agropecuario

El gobierno de Javier Milei prioriza al sector agropecuario como motor de riqueza, reconociendo que los productores y no el Estado generan valor económico real.
Se destaca el espíritu emprendedor del campo argentino, representado por hombres y mujeres libres que lideran empresas, por lo que el Estado apoya consistentemente este rubro.
Las políticas buscan eliminar distorsiones históricas para que el agro reciba el verdadero valor de su producción sin interferencias artificiales.

Unificación del Tipo de Cambio y Precios de Mercado

Antes de la gestión actual el sector cobraba un tipo de cambio oficial de 300 pesos frente a un libre de 900, pagando la diferencia los productores agropecuarios.
La unificación del tipo de cambio permitió al campo recibir el valor real de sus productos eliminando márgenes artificiales que antes beneficiaban a otros sectores.
En ganadería se permite la recomposición del stock mediante retención de animales, aceptando precios más altos en el corto plazo para lograr mayor desarrollo futuro y carne de calidad superior.
El gobierno respalda el funcionamiento libre de precios para que los mercados operen correctamente impulsando el crecimiento industrial a largo plazo.

Se avanzó en la eliminación de retenciones en productos industriales, economías regionales y diversas áreas, logrando un progreso extraordinario.
La baja de derechos de exportación se realiza manteniendo el superávit fiscal mediante la reducción del gasto público y herramientas como la motoniveladora.
Este proceso continúa de forma responsable y a la baja, priorizando la sostenibilidad fiscal sin sacrificar el apoyo al agro.

El DNU 70 desreguló el mercado de warrants permitiendo a los productores autofinanciarse con su inventario y generando una explosión en su emisión.
Empresas como Dinar verifican inventarios para emitir warrants que transforman activos inmovilizados en capital líquido, beneficiando especialmente a productores de vino y otros rubros.
Se habilitó la internet satelital eliminando prohibiciones previas que protegían monopolios locales, alcanzando ya tres millones de usuarios y mejorando la productividad rural.
Esta conectividad permite enlaces directos en cosechadoras y zonas alejadas donde la fibra óptica no llega, elevando calidad de vida y eficiencia operativa.

Se eliminó la prohibición de importar maquinaria agrícola usada, permitiendo adquisiciones a precios accesibles que triplican la producción en muchos casos.
Ejemplos incluyen productores de lúpulo en Río Negro, frutillas en Tucumán y equipos de perforación en Neuquén que mejoraron tecnología en décadas con inversiones reducidas.
Estas medidas nivelan el acceso a equipamiento óptimo sin restricciones que antes limitaban la competitividad del sector.

Se eliminaron retenciones al cuero procesado evitando su destrucción en frigoríficos y generando valor exportable en un país con abundante ganado.
Se suprimieron restricciones a cortes de exportación y se habilitó el envío de ganado en pie a mercados islámicos, siguiendo ejemplos de Brasil y Uruguay.
La apertura a importación de fertilizantes redujo márgenes comerciales y se impulsan proyectos petroquímicos en Vaca Muerta con gas a precios competitivos de 2,5 dólares por millón de BTU.
Argentina se posiciona como futuro gran productor de fertilizantes gracias a su ventaja energética frente a competidores como Brasil.

SENASA se limitó a funciones sanitarias y control de plagas, retirándose de regulaciones de calidad que antes imponían requisitos excesivos como alturas de canillas o grosores de chapas.
Esto liberó a productores de fruta de trámites burocráticos excesivos, reduciendo empaques de 1,5 kg a 50 g y permitiendo mayor libertad productiva.
Se habilitó certificación privada en INTI agilizando procesos que antes demoraban años y facilitando exportaciones como la primera miel de General Díaz a Europa con arancel cero.

El precio de la vacuna aftosa bajó de 1,40 a 0,90 dólares mediante mayor competencia, acercándose al valor de 0,40 dólares en Uruguay.
Se eliminó el aporte compulsivo a Coviara que operaba ilegalmente desde 2020, aliviando a viñateros de cargas privadas.
Se habilitó la vacuna bioratenuada, el movimiento de cortes por debajo de 28 kg y herramientas como dovitremes que redujeron costos logísticos en un 40 por ciento.

Próximamente se desregulará el mercado de capitales con emisiones ágiles bajo 120 millones de dólares sin autorización previa de CNV, facilitando financiamiento vía acciones y obligaciones negociables.
Se transferirá fiscalización de semillas al sector privado a través de INASE preservando el estatus quo actual pero permitiendo acceso a variedades de alta productividad como en algodón.
La derogación parcial de la Ley de Tierras atraerá inversión extranjera en agro, puertos y forestal, impulsando PBI regional y nuevos puertos como en Bahía Blanca.